Mar 192015
 

voto inmigranteLas personas extranjeras con voluntad de participar en las próximas elecciones municipales, y cuyos países han firmado convenios de reciprocidad, se han topado con dificultades, como son las trabas administrativas y la falta de información.

Es verdad que a partir de las elecciones municipales de 2011 se estableció el derecho de sufragio para cientos de miles de inmigrantes que contaran con un mínimo de 5 años de residencia y que fueran procedentes de países que hubieran firmado un convenio de reciprocidad con España. Aquella era una gran oportunidad para mejorar nuestra democracia.

La realidad, sin embargo, es muy diferente. Las trabas burocráticas y administrativas comienzan con la obligación de la inscripción previa en el censo electoral, la falta de información, el corto plazo otorgado y el periodo tan lejano de las elecciones (que finalizó el 15 de enero) han generado desinterés y mucho malestar.

Una carrera de obstáculos con dificultades impensables para cualquier ciudadano de a pie, un laberinto que han tenido que atravesar los que finalmente sí podrán votar. ¿Sería tan complicado que el Ministerio del Interior a través de su base de datos informara directamente a la Junta Electoral de las personas que efectivamente cumplen los requisitos y se los inscriba automáticamente?

Se nos concede un derecho, para luego dificultarnos su ejercicio. Sin duda se hablará de la baja participación y del desinterés de los inmigrantes de formar parte de la cosa pública. Una vez más, la hipocresía y la mentira ganarán la partida.

Otra discriminación aún más flagrante la seguirán sufriendo los ciudadanos pertenecientes a países “antidemocráticos”, con los que España seguramente no firmará un acuerdo de este tipo. Sus ciudadanos deberán seguir cargando la mochila del sitio de donde provienen.

En conclusión, una sociedad que presume de su calidad democrática debería conceder el derecho voto en las elecciones municipales a cualquier ciudadano que lleve 5 años de residencia, sin importar su origen, ya que nuestra sociedad no puede permitirse marginar y excluir a una parte importante de su población de un derecho fundamental como es el voto.

Javier Bonomi,
Presidente de Fedelatina
Vicepresidente del Consell de Immigració de Barcelona