Oct 082019
 

Un tapón burocrático está dificultando la vida de los estudiantes extranjeros en España. La Administración está alargando hasta seis meses -–el doble de lo establecido por ley– las renovaciones de sus autorizaciones de residencia y los retrasos han empujado a los alumnos a un limbo en el que pierden sus cuentas bancarias, dejan de poder pagar recibos y no pueden ir y volver de sus países de origen si no es con una autorización específica de la Policía Nacional. Los estudiantes tampoco pueden alquilar un apartamento, ni contratar cualquier servicio que exija un documento en vigor. No son irregulares, pero pierden derechos y necesitan más y más burocracia para mantener su rutina, interrumpida por una fecha de validez.

El problema perjudica potencialmente a miles de personas. El año pasado se batió un récord y España atrajo a 56.951 estudiantes extranjeros, buena parte de ellos, chinos, seguidos por los estadounidenses y el colectivo de latinoamericanos, según datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Migraciones. El 37% de esos estudiantes viven actualmente en España gracias a la renovación de su estancia, el trámite que está desbordando los cajones de extranjería y que debe solicitarse anualmente. Se dan casos en los que, debido al retraso, el interesado recibe su nuevo documento cuando quedan pocos meses para que vuelva a caducar y necesita someterse al papeleo enseguida. En Madrid se están gestionando ahora las solicitudes de septiembre.

“La demora del Estado ha afectado muchos aspectos en mi vida”, denuncia Jessica Nieto, alumna colombiana de un Máster en Publicidad en Barcelona. Nieto es una las estudiantes que ha perdido su cuenta por la falta de un documento nacional en vigor y no puede sacar dinero ni hacer operaciones desde enero. En Navidad, además, los trámites para obtener un permiso de retorno casi le impiden viajar para reunirse con su familia. “Han pasado ya cinco meses desde que hice la solicitud y en Extranjería solo me dicen que tengo que esperar”, lamenta.

Anne, nombre ficticio de una estadounidense de 28 años que estudia en Sevilla, espera en un limbo desde octubre. “Llevo aquí casi tres años y nunca había tardado tanto una renovación. No he podido salir de la Unión Europea. Estoy atrapada en España hasta que lo resuelvan. He tratado de ir a Extranjería a pedir información, pero siempre hay una espera de horas y no puedo quedarme toda la mañana porque tengo clases”. Paige, otra estudiante estadounidense de 25 años, esperó de junio a octubre para que renovasen su tarjeta de residencia. “Durante ese tiempo no pude tener un seguro médico privado, ni tampoco ir a los hospitales públicos. No pude sacarme el carné de conducir y mi banco me amenazó con cerrar mi cuenta”, se queja la joven que vive en Cantabria. “Todos estos problemas burocráticos son de las pocas cosas que no me gustan de estudiar en España”.

Más trámites para el mismo equipo

El atasco se hizo más evidente a partir de septiembre. A comienzos de ese mes el Gobierno publicó el Real Decreto ley 11/2018 que, en la práctica y entre otras medidas, flexibilizaba los trámites para que los estudiantes extranjeros que se encuentran en España amplíen su estancia un año más para buscar empleo o emprender. La medida no vino acompañada de un refuerzo de personal y los equipos de funcionarios de las oficinas de Extranjería pasaron, de un día para otro, a asumir cinco trámites en lugar de dos. En Madrid, la comunidad que más solicitudes gestiona, este equipo consta de apenas nueve personas. “El fin de la directiva pretende que el personal cualificado extranjero que estamos preparando en España preste un servicio en el país. Busca facilitar la movilidad dentro del espacio europeo, pero se ha demostrado falta de previsión y organización”, analiza el abogado especializado en Extranjería Vladimir Núñez. “No consigo concebir que no se haya previsto que la estructura debía dimensionarse para ese cambio”.

Las elecciones, que requieren la dedicación de estos funcionarios para su organización, agravarán, previsiblemente, el atasco. La Delegación de Gobierno de Madrid ha reconocido el problema y ha prometido poner en marcha un “plan de choque” para resolver los expedientes, pero no ha detallado en qué consistirá. Una portavoz incide en que la falta de funcionarios viene de lejos. “Durante las últimas dos legislaturas del PP, el personal de la Delegación de Madrid que contaba con más de 600 funcionarios se ha reducido en un 30%”, asegura. El Ministerio del Interior, último responsable de las Oficinas de Extranjería que tramitan estos expedientes, no ha dado explicaciones sobre el problema.